Los resultados de los reportes del Índice Global de Impunidad para el caso mexicano advierten la existencia de muy pocas capacidades institucionales para enfrentar la complejidad de los problemas de seguridad, acceso a la justicia o respeto a los derechos humanos. Si bien los estados de la república tienen características y contextos diferentes, comparten problemas comunes en el desarrollo sostenido de capacidad institucional y, en los casos en los que existen mejoras, estas tienden a marginales, reflejan avances lentos y están sujetas a retrocesos. La ausencia de capacidades suficientes y efectivas evidencia la falta de voluntad política en todos los niveles institucionales para invertir y sostener el desarrollo de capacidades, lo cual es crítico considerando que la seguridad y la justicia están correlacionadas y que altos niveles de afectan la calidad de la vida pública, multiplican el daño a sus víctimas e imposibilitan un Estado.
La plataforma de Escenarios de Cambio Institucional para el Combate a la Impunidad proyecta trayectorias potenciales de construcción de capacidad institucional para los estados de la República. Si bien estos escenarios presentan una tendencia lineal, representan un ejercicio indicativo de los retos involucrados en la construcción de capacidad institucional en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia y protección a los derechos humanos, al igual que una advertencia al respecto de los problemas diferenciados y las notables desigualdades en la existencia de capacidades que caracterizan a los estados y que imposibilitan reducir niveles de impunidad. La plataforma está diseñada para permitir un acceso abierto a la información sobre los distintos escenarios y nuestro objetivo es facilitar una conversación pública centrada en objetivos medibles y verificables sobre desarrollo de capacidades institucionales; contribuir a mejorar el reporte de información estadística oficial sobre seguridad, justicia y derechos humanos; identificar en forma diferenciada los retos que enfrenta cada estado en el combate a la impunidad y el potencial plausible de construcción de capacidades institucionales; promover un enfoque comparado que permita comparar tendencias históricas y trayectorias potenciales.
El desarrollo de capacidades institucionales es central en la definición de estrategias de combate a la impunidad por:
La debilidad institucional no permite atender los problemas de justicia, seguridad, derechos humanos e incrementar la rendición de cuentas.
Los pactos de impunidad tienen también por objeto evitar el desarrollo de capacidades institucionales más efectivas.
Niveles mínimos de incapacidad institucional existentes se traducen en un desempeño ineficiente, ineficaz e injusto y retroalimenta la pérdida de credibilidad social en las instituciones públicas.
Algunos de los factores críticos involucrados en el desarrollo de capacidades institucionales, para combatir la impunidad, consisten en la definición del tipo de capacidades necesarias, la medición y evolución de las capacidades existentes en distintos y la proyección del crecimiento potencial en el tiempo identificando niveles graduales de crecimiento requeridos. Los escenarios representan tendencias potenciales e indicativas de las capacidades que pueden alcanzarse. Un problema significativo es la inconsistencia en el reporte de datos que presentan los estados, los cuales suelen caracterizarse por fluctuaciones en la información reportada cada año y que se refleja en la tendencia promedio en la serie de tiempo histórica. De igual forma, los datos suelen estar afectados por vacíos en el reporte de la información, por lo cual es en ocasiones necesario imputar la posición correspondiente a 2023 recurriendo a datos de años previos. Independientemente de esto, al proyectar distintos escenarios, se destaca cuál de estos resulta más plausible de acuerdo con la situación particular de cada estado, pero también se evidencian los casos donde los problemas de desempeño a lo largo del tiempo dificultan aspirar a escenarios superiores en el futuro.
Su metodología consiste en el análisis estadístico de series de tiempo a través de regresiones polinomiales de distintos factores institucionales involucrados en la seguridad pública, la procuración de justicia, la impartición de justicia y la protección a los derechos humanos. Con recurso a la información disponible en los Censos Nacionales de Gobierno del INEGI, las series de tiempo se convierten en indicadores de cambio institucional que se proyectan en tendencias potenciales de crecimiento entre 2023 y 2050, destacando los niveles de crecimiento necesarios por lustro de acuerdo con cada escenario. La plataforma está diseñada para incorporar en forma constante nuevos escenarios dentro de distintas escalas de abstracción.
En este sentido, cada uno de los indicadores analizados proyecta cuatro escenarios potenciales para el crecimiento de capacidad institucional hacia 2050. El primer escenario tiende a ser conservador en tanto se define por el promedio estatal del indicador en cuestión, lo cual es relevante en tanto un número significativo de estados tiende a ubicarse por debajo del promedio aun cuando este tiende a ser mediocre en términos de capacidad institucional existente. En contraposición, el escenario más ambicioso se proyecta de acuerdo con la existencia de estándares internacionales, resultados promedio del IGI o a partir de imputar un incremento en el nivel correspondiente al caso con mejor desempeño. En todos los casos los escenarios permiten proyectar un escenario plausible de crecimiento para cada estado e identificar los niveles de avance requeridos por cada lustro para alcanzar el objetivo. La proyección de los escenarios inicia en 2022 y se proyecta hacia 2050, cuando no hay información disponible para 2022 en algunos estados, se imputa el dato recurriendo a los últimos años en los que se reportó la información.
Esta perspectiva está condicionada por sujeta a cuatro problemas importantes cuando se trata de construir capacidades para reducir niveles de impunidad:
Considerando que la existencia de capacidades es muy reducida en distintas áreas estratégicas de las políticas públicas, no es posible impulsar un crecimiento simultáneo en todos los ámbitos y resulta indispensable seleccionar aquellos casos que generen un beneficio agregado y efectos institucionales en cascada.
En muchos casos no existen estándares internacionales que permitan identificar el grado de capacidad requerido, por lo que es necesario incrementar las capacidades siguiendo un análisis de promedios nacionales y evaluación de mínimos y máximos entre distintos casos.
Una vez definida una agenda de intervención institucional es necesario asignar recursos presupuestales suficientes y mantener una política de desarrollo de capacidades en forma sostenida a lo largo de varias décadas.
La construcción de capacidades requiere estar sujeta a procesos de evaluación de avances e impactos, así como fiscalización permanente de recursos públicos.