Los resultados de los reportes del Índice Global de Impunidad para el caso mexicano advierten la existencia de muy pocas capacidades institucionales para enfrentar la complejidad de los problemas de seguridad, acceso a la justicia o respeto a los derechos humanos. Si bien los estados de la república tienen características y contextos diferentes, comparten problemas comunes en el desarrollo sostenido de capacidad institucional y, en los casos en los que existen mejoras, estas tienden a marginales, reflejan avances lentos y están sujetas a retrocesos. La ausencia de capacidades suficientes y efectivas evidencia la falta de voluntad política en todos los niveles institucionales para invertir y sostener el desarrollo de capacidades, lo cual es crítico considerando que la seguridad y la justicia están correlacionadas y que altos niveles de afectan la calidad de la vida pública, multiplican el daño a sus víctimas e imposibilitan un Estado.

La plataforma de Escenarios de Cambio Institucional para el Combate a la Impunidad proyecta trayectorias potenciales de construcción de capacidad institucional para los estados de la República. Si bien estos escenarios presentan una tendencia lineal, representan un ejercicio indicativo de los retos involucrados en la construcción de capacidad institucional en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia y protección a los derechos humanos, al igual que una advertencia al respecto de los problemas diferenciados y las notables desigualdades en la existencia de capacidades que caracterizan a los estados y que imposibilitan reducir niveles de impunidad.

La plataforma está diseñada para permitir un acceso abierto a la información sobre los distintos escenarios y nuestro objetivo es facilitar una conversación pública centrada en objetivos medibles y verificables sobre desarrollo de capacidades institucionales;  contribuir a mejorar el reporte de información estadística oficial sobre seguridad, justicia y derechos humanos; identificar en forma diferenciada los retos que enfrenta cada estado en el combate a la impunidad y el potencial plausible de construcción de capacidades institucionales; promover un enfoque comparado que permita comparar tendencias históricas y trayectorias potenciales.

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