Resumen ejecutivo

México empeora en los índices de impunidad global y estatal. El índice de impunidad de México aumentó tanto en el ámbito global como en el ámbito de los estados de la República.

México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI 2017) con 69.21 puntos (Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas el peor con 75.6). México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad.

El promedio nacional del Índice de Impunidad (IGI-MEX 2018), tomando en cuenta a las 32 entidades, aumentó a 69.84 puntos en comparación con la última medición de 2016 que fue de 67.42.

Estados con impunidad a la alza. Estas entidades aumentaron en cinco puntos o más su índice de impunidad son: Aguascalientes (+7.48 puntos), Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), Guanajuato (+5.66 puntos), Tamaulipas (+5.49 puntos) y Coahuila (+4.95 puntos).

Estados con los índices más altos de impunidad. Estos son los diez estados con mayor índice de impunidad: 1) Estado de México (80.06), 2) Tamaulipas (78.88), 3) Baja California (78.08), 4) Coahuila (77.88), 5) Quintana Roo (77.33), 6) Guerrero (76.08), 7) Aguascalientes (75.85), 8) Veracruz (75.62), 9) Puebla (75.59) y 10) Oaxaca (75.12).

Estados que redujeron su índice de impunidad. Los únicos dos estados que redujeron en más de dos puntos su índice de impunidad fueron Morelos (-5.84 puntos) y Campeche (-2.16 puntos). Las siguientes entidades redujeron su puntaje de impunidad, lamentablemente siguen teniendo niveles de impunidad alta o muy alta: Colima (-1.72 puntos), Michoacán (-1.46), Querétaro (-1.02 puntos) y Yucatán (-1.19).

El Estado de México es la entidad con el índice más alto de impunidad. El Estado de México tiene el puntaje más alto del IGI-MEX con 80.06 puntos de impunidad. Se registran 202,205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el país, únicamente hay 1,209 sentenciados en primera instancia. Solamente el 0.59% de las carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos. Otro punto importante es la diferencia entre las carpetas de investigación y las causas penales abiertas (16,863) que significa que apenas el 8.33% de todas las carpetas se convierten en causas penales, dejando más de 185 mil procesos concluidos en esa etapa. Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que presenta el problema más grave en el país.

El Estado de México además presenta problemas estructurales de inversión en agencias y ministerios públicos, no cuenta con suficientes jueces y magistrados, además de que se redujo su estado de fuerza policial. Finalmente, es la segunda entidad con la mayor cifra negra (delitos no denunciados) del país.

Estados que prácticamente no tienen sistema de justicia. Debemos recordar que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 vs 16 por cada 100 mil habs.). El país se encuentra en esta situación por el déficit de estas instituciones tanto en los estados como en el ámbito federal. Las siguientes entidades tienen menos del promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Aguascalientes (3.34), Baja California (2.73), Coahuila (2.74), Hidalgo (2.5), Estado de México (2.32), Michoacán (3.2), Nuevo León (2.56), Puebla (1.5), Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08), Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97).

El homicidio no se castiga en México. El porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%. La disminución de casi diez puntos porcentuales de este indicador es resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal, las entidades no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio.

Los estados con mayor nivel de impunidad con respecto al homicidio son los siguientes en orden de impunidad: 1) Tamaulipas (0.15), 2) Tabasco (2.24), 3) Michoacán (4.64), 4) Puebla (5.21), 5) Guerrero (5.39), 6) Tlaxcala (5.56), 7) Quintana Roo (7.81), 8) Sinaloa (8.28), 9) Oaxaca (8.94), 10) Morelos (9.90), 11) Guanajuato (10.53), 12) Estado de México (11.77), 13) Hidalgo (12.97), 14) Nuevo León (12.18), 15) Colima (14.59), 16) Chiapas (14.79), 17) Aguascalientes (15.79), 18) Coahuila (16.17), 19) Zacatecas (17.27) y 20) Ciudad de México (17.44).

En 27 de 32 estados disminuyó el porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas: Aguascalientes (32.2 a 15.79), Baja California (119.2 a 33.50), Baja California Sur (170.1 a 35.45), Chiapas (27.4 a 14.79), Colima (21.6 a 14.59), CDMX (43.4 a 17.44), Durango (30.6 a 25.61), Guanajuato (18.2 a 10.53), Guerrero (11.5 a 5.39), Hidalgo (25.2 a 12.97), Jalisco (39.9 a 20.16), Estado de México (19.9 a 11.77), Michoacán (8.9 a 4.64), Morelos (16.4 a 9.9), Nayarit (49.5 a 26.04), Nuevo León (18.9 a 12.18), Oaxaca (25.5 a 8.94), Puebla (11.4 a 5.21), Querétaro (32.1 a 18.79), Quintana Roo (33.3 a 7.81), Sinaloa (11.1 a 8.28), Sonora (45.6 a 33.10), Tabasco (28.5 a 2.24), Tamaulipas (11.9 a 0.13), Tlaxcala (18.2 a 5.56), Zacatecas (43.4 a 17.27) y Yucatán (40.5 a 30.77).

Resultado negativos en materia de impunidad

Cifra negra aumenta y tasa de violencia se mantienen en niveles muy altos. La cifra negra, es decir los delitos no denunciados, se mantiene en un nivel muy alto, inclusive aumentó casi un punto porcentual en dos años al pasar de 92.8% a 93.7% (ENVIPE INEGI). Lo que confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar sobre los delitos de los cuales fueron víctimas.

Los estados con el promedio más alto de delitos no denunciados son: 1) Guerrero (97.48%), 2) Estado de México (95.45%), 3) Ciudad de México (94.72%), 4) Tamaulipas (94.65%), 5) Jalisco (94.24%) y Tlaxcala (94.21%).

El INEGI estima en 24.2 millones las víctimas en edad adulta, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28,788 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2016. [1]

Deterioro de la infraestructura y capacidad humana de los ministerios públicos estatales. Los ministerios públicos estatales están sufriendo un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país. Cuatro indicadores así lo muestran. El número de agencias para atención es de tan solo 3.53 agencias por cien mil habitantes. El personal de los MP cayó de 33.9 a 31.19 al igual que los agentes de 7.6 a 6.27 (ambos por 100 mil habs.). También descendió la tasa de agentes para la atención de los delitos, para cada 1,000 mil delitos registrados la proporción de agentes disminuyó de 5.31 a 4.97.

Las entidades con el menor número de agencias del ministerio público por cada cien mil habitantes son: 1) Estado de México (1.01), 2) Tlaxcala (1.25), 3) Yucatán (1.27), 4) Puebla (1.73), 5) Baja California (1.98), 6) Quintana Roo (2.03), 7) Ciudad de México (2.27), 8) Querétaro (2.29), 9) Sonora (2.34), 10) Aguascalientes (2.49), 11) Sinaloa (2.61), 12) Oaxaca (2.77), 13) Tabasco (3.40), 14) Sonora (3.41) y 15) Oaxaca (3.77).

Los estados en los que disminuyeron más el número de agencias del ministerios públicos con los que cuentan para atender a cada mil de sus habitantes fueron: Durango (12.1 a 8.05), Guanajuato (5.1 a 1.82), Nayarit (6.4 a 5.23), Quintana Roo (2.8 a 2.03) y San Luis Potosí (8.2 a 7.15).

Los estados que observan una reducción de sus agentes del ministerio público para atender a cada cien mil habitantes fueron: Campeche (9.8 a 3.52), Durango (12.1 a 8.05), Guerrero (12.1 a 5.97), Hidalgo (8.2 a 6.25), Estado de México (5.2 a 3.57) y Veracruz (3.6 a 0.47).

Déficit de policías estatales profesionales. El país tiene al menos un déficit de estado de fuerza de policías operativos estatales de un 50.86% [2]. Esto quiere decir que México tiene la mitad de los policías preventivos estatales que debería tener como mínimo según lo que establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en lo que denomina el estándar nacional mínimo que debería de ser de 1.8 policías evaluados. Los datos más recientes indican que México tiene apenas 0.8 policías por cada 1,000 habitantes considerando la depuración de elementos con resultado no aprobatorio en control de confianza.

Salvo la Ciudad de México (4.2) y Tabasco (1.8), todos los estados de la República se encuentran por debajo del estándar nacional de policías estatales con resultado aprobatorio de la evaluación de control de confianza. El estado real de fuerza operativo es de 120,001 policías estatales. México necesita un estado de fuerza real operativo de policías estatales de al menos 235,944 elementos.

Las entidades necesitan incrementar considerablemente su estado de fuerza sin que se vean afectadas las estructuras de seguridad municipales, sobre todo aquellos de zonas metropolitanas y policías comunitarias que realizan funciones preventivas diferentes a las que se les exige a la estatales.

Ver anexo en donde se presenta el porcentaje del estado de fuerza real operativo alcanzado de las policías estatales de la República con respecto al estándar mínimo que debería tener, el porcentaje de elementos evaluados por exámenes de control de confianza y el salario neto promedio del policía de escala básica.

El personal operativo destinado a funciones de seguridad pública (por 100 mil habs) a nivel nacional descendió de 152 a 150.68. En ese sentido los estados que redujeron su estado de fuerza son: Baja California Sur (30.9 a 26.83), Colima (86.2 a 78.51), Guerrero (165.5 a 82.31), Hidalgo (127.1 a 94.81), Jalisco (112 a 44.55) y Estado de México. La baja de personal de seguridad operativo puede deberse a múltiples factores, sin embargo como se explicó en los puntos anteriores, los estados demuestran un déficit que debe ser cubierto.

Los estados que aumentaron su personal operativo en materia de seguridad son: Aguascalientes (10.3 a 15.3), Campeche (122.5 a 198.06), Coahuila (28.5 a 47.35), Chiapas (112.1 a 139.68), Chihuahua (38.7 a 53.37), Durango (35.6 a 51.23), Guanajuato (13.3 a 33.14), Morelos (94.4 a 293.28), Nuevo León (68.6 a 96.07), Sonora (15 a 25.81), Tabasco (230.2 a 267.46), Tamaulipas (53.7 a 75.86), Tlaxcala (90.4 a 114.21) y Yucatán (99 a 133.85).

Saturación del sistema de justicia. Un indicador que demuestra que el sistema de impartición de justicia empieza a colapsarse en algunos estados es el de las causas penales en primera instancia entre número de jueces. Veamos como en los siguientes estados se incrementó de manera considerable esta variable del IGI-Mex: Aguascalientes (62.1 a 213.41), Baja California Sur (30.4 a 76.89), Durango (32.6 a 51.19), Estado de México (38.3 a 48.60), Michoacán (46.1 a 58.41), Morelos (17.4 a 26.48), Nuevo León (51.5 a 103.97) y Zacatecas (10.7 a 20.85). El incremento de la carga de trabajo de los impartidores de justicia puede generar incentivos perversos como impunidad procesal y corrupción.

Reducción del personal penitenciario. Preocupa que la proporción entre el personal del sistema penitenciario y el número de reclusos disminuyó en un 15% (pasó de 0.2 en IGI-MEX 2016 a 0.17 en IGI-MEX 2018) a pesar de que estamos viendo una reducción de la población penitenciaria con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. Esto produce mayores cargas laborales sobre el personal carcelario, corrupción, desgate profesional y puede aumentar la probabilidad de motines y fugas.

En los siguientes seis estados la relación entre personal carcelario y reclusos disminuyó: Campeche (0.2 a 0.14), Chihuahua (0.2 a 0.16), Michoacán (0.4 a 0.33), Quintana Roo (0.1 a 0.05), Tamaulipas (0.2 a 0.14) y Tlaxcala (0.4 a 0.2).

Resultados positivos contra la impunidad… pero marginales

Reclusos sin sentencia disminuyó. En estos dos años vemos una disminución del porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia de 35.7% a 27.71%, esta cifra es producto de la implementación del sistema de justicia penal. Tiene un impacto positivo sobre la reducción de la sobrepoblación en penales y todas las consecuencias negativas que esto genera dentro del sistema penitenciario. También el porcentaje nacional de sentencias condenatorias aumentó nueve puntos porcentuales al pasar de 74.89% (2015) a 83% (2017).

Aumento del número de peritos. También observamos un aumento de los peritos del ministerio público estatales en relación a los delitos registrados. La cifra pasó de 1.73 a 2.85 peritos por cada mil delitos registrados. Este aumento es positivo, sin embargo es marginal porque el aumento de este personal técnico debe ir acompañado de instalaciones y equipo adecuado para su buen desempeño.

Los estados que hicieron el esfuerzo de aumentar el número de peritos del ministerio público para atender su incidencia delictiva (peritos por 1,000 delitos registrados) son los siguientes: Baja California Sur (3.01 a 3.96), Chihuahua (0.07 a 4.65), Ciudad de México (0.98 a 2.63), Puebla (0.6 a 2.27), Sinaloa (0.31 a 3.16), Sonora (0.12 a 2.86), Veracruz (0.68 a 5.45) y Zacatecas (3.89 a 5.33).

Aumento marginal de magistrados y jueces. Observamos un aumento marginal del número de magistrados y jueces estatales por cada cien mil habitantes de 3.5 a 3.59. Esta cifra sigue siendo muy inferior a la que se registra en el ámbito global que es de 16 por cien mil habitantes (IGI 2017).

Serie de tiempo. El IGI-MEX 2018 incluye una serie de tiempo de acuerdo a la información publicada por INEGI en 2014, 2015 y 2016. Al momento de presentar el IGI-MEX 2018 no está disponible la actualización correspondiente a 2017. Estos datos nos permiten señalar consistencia en nuestra metodología.

Medición del impacto de violaciones a los Derechos Humanos. En este reporte incorporamos como elemento complementario al índice la medición de violaciones a los derechos humanos de acuerdo con datos publicados por INEGI. El análisis es complementario por dos razones: 1) para garantizar una comparación estricta con las mismas variables utilizadas en IGI-MEX 2016; 2) en tanto consideramos que la información que reportean los organismos locales presenta problemas de consistencia.

Diccionario de la impunidad. Este reporte incluye al final un glosario de términos sobre impunidad y temas relacionados para la mejor comprensión de este fenómeno que es multicausal. Esperamos que este diccionario incremente el conocimiento y la cultura en contra de la impunidad.

Nuevo caso atípico

Nayarit. La coordinación del IGI-MEX 2017 decidió colocar a Nayarit como caso atípico por probables alteraciones de sus cifras delictivas [3] y por el caso de infiltración de la delincuencia organizada en el sistema de procuración de justicia estatal. Además desde la medición anterior del IGI-MEX 2016 aumentó en siete puntos su índice de impunidad al pasar de 50.42 a 57.07 puntos. En esta situación se encuentra también Michoacán desde el IGI-MEX 2016 en tanto los datos corresponden prácticamente a la misma etapa de gobierno y las razones para tomar la información con prudencia son las mismas.


[1] INEGI, ENVIPE, 2017.
[2] Según el Modelo Óptimo de la Función Policial, publicado por el SESNSP en diciembre de 2017, el estado de fuerza es “el número de elementos operativos en activo —excluyendo a personal administrativo, a policías municipales y a elementos adscritos a Instituciones de Procuración de Justicia o del Sistema Penitenciario— con los que cuenta la policía preventiva estatal, en relación con su población. El indicador expresa el número de elementos por cada 1,000 habitantes”.
[3] El Observatorio Nacional Ciudadano denunció en una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, en octubre de 2015 que el estado de Nayarit “no ha reportado robo a transeúnte en su historia ni extorsión alguna desde mayo de 2014. Sobre este caso en específico vale la pena mencionar que desde que se empezó a registrar la incidencia delictiva en 1997, sólo se han reportado 19 averiguaciones previas iniciadas por extorsión en Nayarit, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) reporta que la incidencia anual de este delito ronda los 10 mil casos por cada 100 mil habitantes”. Consultar documento en: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2015/12/Dig_Oct_2015.pdf

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