Diseño del modelo

EL CONCEPTO DE IMPUNIDAD Y LAS DIMENSIONES DEL ANÁLISIS

El Índice Global de Impunidad (IGI) en sus reportes IGI 2015, IGI 2017 e IGI-MEX 2016, toma como punto de partida el concepto de impunidad desarrollado en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU). Desde esta perspectiva, por impunidad se entiende como: «[…] la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas» (ONU, 2015).

De esta manera y poniendo énfasis en la condición del fenómeno tanto de hecho como de derecho, hemos desarrollado una interpretación de «cadena de impunidad», lo cual implica la existencia de un proceso encadenado que comienza al momento de la comisión de un delito y su denuncia, continúa con la apertura de una investigación por parte de las instituciones de la procuración de justicia, segui- do por la resolución a la que llegan las autoridades responsables de impartir justicia y, finaliza, con una sentencia que puede incluir la definición de una pena o la reparación del daño a favor de una víctima. Este modelo se complementa con la incorporación al análisis de violaciones a los derechos humanos (Le Clercq y Rodríguez 2015; Le Clercq y Rodríguez 2016; Le Clercq y Rodríguez 2017).

Al igual que lo establecido en el IGI-MEX 2016, el análisis de la cadena de impunidad se ha dividido en tres dimensiones: estructural y funcional, para los sistemas de seguridad y justicia, así como un indicador de impunidad indirecta que corresponde a la cifra negra o total de delitos no denunciados.

En lo que respecta a la dimensión de los derechos humanos es necesario hacer una aclaración importante. Tal como ocurrió en el IGI-MEX 2016, se analizaron datos oficiales obtenidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI y las comisiones locales, buscando identificar el número de casos graves de violaciones a los derechos humanos en cada uno de los estados. Sin embar- go, el registro de violaciones a derechos humanos, víctimas y recomendaciones emitidas tienden a reflejar problemas de consistencia a no concordar con la situación de inseguridad particular de cada estado. Por esta razón, y para evitar una sanción estadística que castigue a las comisiones más activas en la protección de los derechos humanos –o las más eficientes en el registro de estos actos– y, por lo mismo, distorsionar la posición de los estados en el IGI, esta edición, igual que el IGI-MEX 2016, no integra la información correspondiente a los derechos humanos como un elemento que defina la po- sición de las entidades federativas en el IGI, dado su carácter heterogéneo e incompleto, tal como se desprende de la información oficial. Sin embargo, esta dimensión tiene un valor fundamental para comprender el alcance y magnitud de la impunidad, y en vista de los resultados negativos que han caracterizado a México en materia de derechos humanos presentados en el IGI 2015 y 2017, este últi- mo año aparece como el país peor evaluado en la materia, por lo que es de esperar que incremente significativamente los niveles de impunidad de algunos los estados en la escala del IGI.

METODOLOGÍA UTILIZADA

LOS DATOS

Para la construcción del IGI-MEX se utilizaron, como fuente principal, censos nacionales de gobierno (Subsistemas Nacionales de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia [SNIGSPIJ], Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica [SNIEG]) que tienen como unidad central y de coordinadora al Instituto Nacional de Estadística y Geografía [1], que se rige por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (Ley del Sistema).

Los censos nacionales de gobierno son instrumentos de información estadística y geográfica proveniente de registros administrativos de los tres poderes de la unión, en los tres órdenes de go- bierno: federal, estatal y municipal, así como de organismos públicos de carácter autónomo, relacio- nados con temas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y sistema penitenciario. La información se recaba de forma anual, con excepción del censo dirigido a gobiernos municipales y delegacionales, que es bianual. La metodología utilizada para el diseño del cuestionario se focaliza en la gestión y el desempeño de las instituciones públicas que involucran el sistema de justicia.

Cabe señalar que la Ley del Sistema establece –en su artículo 6– que la información de interés nacional, producida y difundida por las unidades del Estado que conforman el SNIEG, será oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. En 2012, por acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se determina que el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal son «información de interés nacional», por lo tanto, la información derivada de los mismos debe considerarse como oficial y de uso obligatorio por los diferentes órdenes de gobierno.
Por lo anterior, y en el marco conceptual que los respalda –el cual puede alinearse conveniente- mente con la metodología que respalda al IGI-MEX– se optó por utilizar a los censos nacionales de gobierno como la principal fuente de información para la generación de las variables que conforman la impunidad directa, plasmada en las dimensiones estructural y funcional; mientras que, para la impunidad indirecta, la que queda en la sombra al no formar parte de las estadísticas del sistema de justicia penal, se utilizó la cifra negra (porcentaje de delitos no denunciados, respecto al total de delitos registrados en el año) que reporta el INEGI, la cual se construye con base en la encuesta na- cional de victimización y percepción sobre la seguridad pública (ENVIPE) que se levanta anualmente [2].
Para la selección de variables se exploraron del SNIGSPIJ las siguientes fuentes [3]:

  1. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015
  2. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015
  3. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015

Resulta importante señalar que los datos reportados en estos censos corresponden al 2013, mien- tras que para la cifra negra se utilizaron los datos correspondientes a 2015 (ENVIPE, 2016), con el objetivo de captar el incentivo perverso que provoca la falta de confianza en las autoridades como un comportamiento de expectativas adaptativas.
De toda la información disponible se construyó un conjunto de 54 indicadores que se considera- ron clave para la inspección previa de las variables que conformarían el índice. En esta revisión se encontraron vacíos e inconsistencias; se desecharon 19 variables y se conservaron las 35 que se iden- tificaron como más relevantes para el análisis de la impunidad estatal en México (ver cuadro 1) [4].

Finalmente, después de un proceso de revisión y mediante la aplicación del análisis estadístico y eco- nométrico, se escogieron 17 variables –para cada una de las 32 entidades federativas y el total nacional– que conformarían las dimensiones estructural y funcional, y sus ejes transversales: sistema de seguridad y sistema de justicia, más la cifra negra como dimensión de impunidad indirecta (ver cuadro 2).

Los criterios de selección fueron: 1) variable como indicativo de la generación y/o reproducción de la impunidad; 2) exclusión de variables conceptuales y estadísticamente correlacionadas; 3) varia- ble con ajuste lineal o polinomial superior al 15% (R2>=0.15) con la incidencia del delito; 4) variables que se consideran indispensables para dar seguimiento al sistema de justicia y al marco teórico que respalda al IGI-MEX, aunque no cumplieran con alguna de las condiciones mencionadas.

Las variables que se incorporan para la dimensión estructural y funcional (reportadas por el INEGI) se definen de la misma forma que en IGI-MEX 2016 (Le Clercq y Rodríguez, 2016, pp. 33-35):

DIMENSIÓN ESTRUCTURAL

SISTEMA DE SEGURIDAD

  1. Personal en las procuradurías por cada cien mil habitantes. INEGI solicita a los estados que con- tabilicen al total del personal que tenían laborando en las unidades administrativas de la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia de la entidad federativa al cierre del año, en todos los tipos de régimen de contratación (personal de confianza, base y/o sindicalizado, eventual, hono- rarios o de cualquier tipo). Esta información se estandarizó a partir de las Proyecciones de Población 1990-2030 del Consejo Nacional de Población (Conapo).
  2. Agencias del Ministerio Público por cien mil habitantes. Se considera a todos aquellos órganos o uni- dades o fiscalías investigadoras que se encuentren adscritas a la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia, según corresponda, y que tengan a su cargo la investigación de hechos constitutivos de deli- tos a través de sus agentes o fiscales y demás personal especializado, con el objeto de ejercer acción penal cuando así proceda. Dichos órganos, unidades o fiscalías investigadoras se crean, distribuyen y organizan conforme a las necesidades de incidencia delictiva de cada entidad federativa. Esta infor- mación se estandarizó a partir de las Proyecciones de Población 1990-2030 del Conapo.
  3. Porcentaje de agencias del Ministerio Público especializadas en delitos graves. El INEGI consi- dera entre estas agencias a las que están especializadas en delitos contra la salud, secuestros, de- litos sexuales y contra las mujeres, así como la violencia intrafamiliar. Esta información se estan- darizó a partir del porcentaje que representan en cada entidad respecto a la totalidad de agencias del Ministerio Público que fueron reportadas.
  4. Agentes del Ministerio Público por mil delitos registrados. Es el representante de la sociedad, autoridad que tiene a su cargo la investigación de los delitos y la persecución de los inculpados dentro del proceso penal. Esta información se estandarizó por cada mil delitos (conducta que consiste en la realización de un acto u omisión, descrito y sancionado por las leyes penales) efec- tivamente registrado por el Ministerio Público.
  5. Policías judiciales por cada cien mil habitantes. Auxiliar directo del Ministerio Público, lleva a cabo la investigación de los delitos, desarrollando las diligencias que deban practicarse durante la averiguación previa, las investigaciones, citaciones, notificaciones, detenciones y presentaciones que les ordene el propio agente del Ministerio Público. Esta información se estandarizó a partir de las Proyecciones de Población 1990-2030 del Consejo Nacional de Población (Conapo).
  6. Personal destinado a funciones de seguridad pública por cada cien mil habitantes. Son las perso- nas que forman parte de las instituciones o unidades administrativas que ejecutan las operacio- nes policiales que determine el mando o jefatura. Este personal está constituido por policías, que desempeñan funciones de vigilancia, rondas, inspecciones, detenciones, protección y orienta- ción, y apoyo a los habitantes de las entidad federativa de que se trate.

Esta definición se especifica aún más en el glosario (esta información se estandarizó a partir de las Proyecciones de Población 1990-2030 del Consejo Nacional de Población [Conapo]).

SISTEMA DE JUSTICIA

  1. Magistrados y jueces por cada cien mil habitantes. En esta variable se sumaron dos reportadas en el censo de gobierno del INEGI: los magistrados (entendidos como funcionario judicial de segun- da instancia en materia civil, penal, familiar y adolescentes) y los jueces (entendidos como los funcionarios públicos del Poder Judicial del Estado, que participa en la administración de la jus- ticia, con la potestad de aplicar el derecho por la vía del proceso) que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, incluyendo al magistrado presidente. Esta información se estandarizó a partir de las Proyecciones de Población 1990-2030 del Consejo Nacional de Población (Conapo).

DIMENSIÓN FUNCIONAL

SISTEMA DE SEGURIDAD

  1. Presuntos delitos registrados por cada cien mil habitantes. Se refiere a los actos u omisiones constitutivas de una infracción a la ley cuya penalidad corresponde a la jurisdicción y competen- cia común y que, efectivamente, han sido registrados por la autoridad competente. Para identifi- carlos se acude a los códigos y disposiciones legales aplicables, tanto en el ámbito penal federal, como en cada estado de la República Mexicana. Esta información se estandarizó a partir de las Proyecciones de Población 1990-2030 del Consejo Nacional de Población (Conapo).
  2. Porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas.

Esta variable se refiere a la más cercana, a las mediciones convencionales de impunidad, pues se refiere a la cantidad de delitos identificados efectivamente como homicidios contra aquellos indi- viduos que están siendo sancionados por esta conducta dentro del mismo año de análisis.

  1. Porcentaje de encarcelados por robo entre averiguaciones previas iniciadas. Esta variable se re- fiere al porcentaje de individuos encarcelados –más no sentenciados– por presunto delito de robo frente a las averiguaciones previas iniciadas por este delito dentro del mismo año de análisis.

SISTEMA DE JUSTICIA

  1. Causas penales en primera instancia entre carpetas de investigación totales. Esta variable se refiere a la cantidad de causas penales, entendidas como el control asignado por los órganos jurisdiccionales en materia penal de primera instancia, al conjunto de actuaciones o diligencias llevadas a cabo dentro de un proceso penal, entre el número total de carpetas de investigación totales (es decir, todas aquellas investigaciones previas iniciadas por el Agente del Ministerio Público, derivadas de denuncias o que- rellas que hayan sido hechas de su conocimiento, ya sea de forma verbal o por escrito, por la probable participación de un inculpado en un delito, independientemente del estado en que se encuentren).
  2. Sentenciados entre ingresos penitenciarios. Se refiere al número de personas procesadas en los mismos juzgados, al término en el que se le dicta sentencia en primera instancia, que puede ser condenatoria o absolutoria. También se incluyen los casos de sobreseimiento posteriores al dic- tado de Auto de Término constitucional, estandarizados por el número de personas que son in- gresadas a un centro penitenciario independientemente de que hayan sido sentenciadas o no.
  3. Porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia. Se refiere a la totalidad de personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios, ya sea en proceso de sentencia (procesados) o que estén cumpliendo su pena de prisión derivada de una sentencia condenatoria (sentenciados), al finalizar el procedimiento a través del cual se hace del conocimiento del juez sobre un asunto, para que éste valore las pruebas y pronuncie su sentencia definitiva (primera instancia).

CIFRA NEGRA

Finalmente, la dimensión de cifra negra nos permite identificar actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y, por tanto, no figuran en nin- guna estadística. Esta dimensión se mide a partir de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que el INEGI realiza de manera anual. Esta dimensión permite estimar la mag- nitud de los delitos que no llegan al sistema y que, potencialmente, deberían ser atendidos también por el Estado. Este dato, si bien no es verificable en tanto depende de las encuestas que se levantan a la pobla- ción mediante una muestra aleatoria, sí permite identificar un parámetro de delitos que son cometidos y se quedan en la impunidad absoluta: quedan en la completa obscuridad al no ser ni siquiera conocidos por la autoridad. De ahí que el parámetro resulta válido pues nos permite identificar las diferencias que hay entre cada una de las entidades federativas frente a un fenómeno que es medido conforme a estánda- res internacionalmente reconocidos, como son los parámetros establecidos por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la realización de Encuestas de Victimización (ENVIPE).

CONSTRUCCIÓN DEL IGI-MEX

En el análisis de selección de las variables se detectó que existía un patrón de comportamiento no lineal respecto a uno o varios indicadores de incidencia del delito, es decir, no siempre más o menos era mejor. Por lo tanto, para entender si un aumento o disminución de la variable se traducía en una disminución de la tasa delictiva, el análisis se hizo considerando varios años y para todas las entidades federativas, en función de la disponibilidad de datos [5]. Identificar este comportamiento era fundamen- tal para construir el índice con el criterio de «entre más alto el valor, mayor grado de impunidad».

La construcción del IGI tiene un sustento teórico sólido que permite comparar valores entre territorios (estados o países) en un momento determinado del tiempo, siendo la actualización más reciente la de 2016. Sin embargo, no sólo es importante conocer la distribución geográfica de la impu- nidad, sino también darle seguimiento que permita evaluar el impacto, así como la efectividad de los programas y acciones implementadas por el Estado para hacer frente a este fenómeno. Por este motivo surge la necesidad de hacer comparables los índices de un año a otro.

Esta necesidad de hacer una comparación a lo largo del tiempo no es exclusiva del IGI-MEX, sino que está presente en otros índices que se llevan a cabo en México. Tal es el caso del índice de marginación, el cual ha sido cuestionado por la comunidad científica argumentando que su metodo- logía no permite identificar los cambios a lo largo del tiempo. Ante esta situación y para garantizar la comparabilidad a lo largo del tiempo, el IGI-MEX 2018 no sólo mantiene la metodología, sino que conserva las ponderaciones en las diferentes variables para poder llevar a cabo una evaluación a lo largo del tiempo.

En este sentido es importante recordar que el fenómeno de la impunidad, así como otras proble- máticas en México no se reducen a falta de recursos humanos, físicos y monetarios, sino también a la falta de capital humano calificado que constituye, en muchas ocasiones, un obstáculo para la imple- mentación óptima de las políticas públicas, el desarrollo humano, social y económico. Un estudio rea- lizado por la ONU indica que disponer de más agentes de policía no se traduce necesariamente en un mayor número de casos aclarados, e identifica que la mayoría de los países que ocupan los lugares más bajos en cuanto a la productividad de la policía se encuentran en América Latina y Asia (ONU, 2010).

Otro factor importante es el diseño institucional, particularmente, del sistema de justicia penal, que en muchos casos favorece a la corrupción, ineficiencia e ineficacia del proceso de investigación del delito, por lo que un incremento en los recursos humanos o físicos no se traduce necesariamente en una disminución de la delincuencia y tampoco de la impunidad (Zepeda, 2004).

Considerando lo anterior, mediante un análisis minucioso se detectaron cuatro patrones de com- portamiento en el conjunto de las 35 variables:

  1. Lineal. Entre más alto el valor de la variable es mejor, o entre más alto el valor de la variable es peor.
  2. Forma de U invertida (parábola con a<0). Conforme incrementa la variable, incrementa la in- cidencia del delito, hasta que llegar a un punto máximo (dx/dy=0) en el que un incremento de la variable se traduce en un decremento en la incidencia del delito.
  3. Forma de U (parábola con a>0). Conforme incrementa la variable decrece la incidencia de de- lito, hasta que llega a un punto máximo (dx/dy=0) en el que un incremento de la variable se traduce en un incremento en la incidencia del delito.
  4. Convergencia hacia uno o cien. Hay variables en las que el valor deseado es uno o cien, y entre más se alejen de ese nivel significa que existe alguna ineficiencia o área de oportunidad en dicha variable.

Incorporar estos criterios nos permitió identificar y representar con mayor precisión la realidad del país, así como la definición de un índice que pudiera reflejar las áreas más vulnerables del sistema de justicia en cada entidad federativa. Al considerar estos patrones de comportamiento se generaron variables nuevas, los cuales sí estaban conceptualizadas con el criterio de «entre más grande mejor» o «entre menos mejor». Posteriormente, las variables transformadas se normalizaron a un rango de 0 a cien con el criterio de Min-Max, para, de esta forma, hacerlas comparables y cumplir la función aditiva entre ellas. El siguiente paso fue sacar el complemento de aquellas cuyo criterio de valor era «entre más grande es mejor»; así, con esto último se cumplían las condiciones conceptuales del IGI-MEX. La información utilizada para la construcción del índice en la mayoría de sus variables es completa, pero debido a la procedencia de la información es posible que se presenten valores missigs en alguna de las variables, es decir, variables sin información. Los valores missigs o valores perdidos surgen cuando las entidades no reportan información y ello se refleja en problemas estadísticos al aumentarse la varian- za en las variables. Para resolver esta situación, en primera instancia, se planteó usar algoritmos de

imputación de datos para reemplazar estos valores perdidos, sin embargo, estos métodos usan el valor de las demás variables para estimar el valor del dato perdido. Si bien es cierto que esto es útil cuando se tiene una gran cantidad de información, se encontró que, para el caso del IGI-MEX, este tipo de impu- tación no era eficiente ya que el comportamiento de las otras variables en los distintos estados no siem- pre tiene un comportamiento homogéneo. Ante esta situación se optó por imputar los valores perdidos usando el promedio de cada variable. Con este procedimiento se preserva el comportamiento de los datos para cada indicador en particular y la estimación refleja el comportamiento de la variable a nivel territorial.

Estimación del índice

El modelo estadístico que se utiliza para la construcción del IGI-MEX toma en cuenta un conjunto de variables observadas y crea un número menor de constructos que permiten analizar el comportamien- to de la impunidad desde diferentes perspectivas. Estas variables observadas son las que se obtienen a partir de los censos nacionales de gobierno del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Los constructos, también llamado variables latentes en la literatura estadística, se generan a partir del comportamiento conjunto de las variables observadas y permiten dar cuenta del conjunto de variables del sistema de seguridad y justicia (Mora, 2012).

En el cuadro siguiente se presenta el esquema de cómo se construye el IGI-MEX a partir de las variables observadas (cuadros) y la creación de las variables latentes o constructos (círculos) de las dimensiones que comprenden el sistema de seguridad y justicia.

El índice se construye bajo el supuesto de que todas las subdimensiones y dimensiones tienen el mis- mo peso, es decir, que cada dimensión se compone de la media simple de las variables que la integran y el índice se define como la media simple de las tres dimensiones que lo comprenden. Así, la dimensión estructural del sistema de seguridad se define como:

donde: i es la entidad federativa y el número 33 corresponde al valor nacional; ESS es la dimen- sión estructural sistema de seguridad; pph es personal en las procuradurías por cada cien mil habitan- tes; ampe es porcentaje de agencias del ministerio público especializadas en delitos graves; nampd es el número de agentes del ministerio público por mil delitos registrados; pjh es policías judiciales por cien mil habitantes y psph es el personal destinado a funciones de seguridad pública de primer nivel, nivel intermedio y nivel operativo por cien mil habitantes.

La dimensión funcional del sistema de seguridad se define como:

donde: i es la entidad federativa y el número 33 corresponde al valor nacional; FSS es la dimensión funcional sistema de seguridad; drh es presuntos delitos registrados por cien mil habitantes; ehhr es porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas y errres el porcentaje de encarcelados por robo entre robos en averiguaciones previas iniciadas.

La dimensión estructural del sistema de justicia se define como:

donde: i es la entidad federativa y el número 33 corresponde al valor nacional; ESJ es la dimensión funcional sistema de justicia; mjh es el número de magistrados y jueces por cada cien mil habitantes; ptsjh corresponde al personal total en el Tribunal Superior de Justicia por cien mil habitantes; stsjhindica el número de secretarios en el Tribunal Superior de Justicia por cada cien mil habitantes; ppcies igual al personal penitenciario entre capacidad instalada y ppr es personal penitenciario entre reclusos.

La dimensión funcional del sistema de justicia se define como:

donde: i es la entidad federativa y el número 33 corresponde al valor nacional; ESJ es la dimensión funcional del sistema de seguridad; cpci indica el número de causas penales en primera instancia entre las carpetas de investigación totales; sip indica a los sentenciados entre ingresos penitenciarios y rsses el porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia.

Finalmente, la dimensión de impunidad indirecta sólo se define como la cifra negra reportada por la ENVIPE correspondiente a la entidad federativa.

donde: i es la entidad federativa y el número 33 corresponde al valor nacional; IIi es la impunidad indirecta y cn la cifra negra.

Al iniciar con el análisis se observó el comportamiento de las variables sin ninguna transforma- ción, para ello se llevó a cabo la prueba de normalidad de la prueba de Shapiro–Wilk, la cual es adecua- da para muestras pequeñas (n<50), la prueba plantea como hipótesis nula que la variable proviene de una población normalmente distribuida. Los resultados arrojados por la prueba nos indican p-value <= .05 que se acepta la hipótesis nula, es decir, la variable analizada proviene de una población normal- mente distribuida. A continuación, se presentan los resultados de esta prueba:

Transformación de variables que componen en IIMEX

Al igual que en el caso del IGI-MEX 2016, en esta edición los grados de variación entre casos es muy limitada. Salvo el caso de Campeche, único estado ubicado por debajo de 50 puntos en la escala del IGI, todos los demás se agrupan dentro de un rango no mayor a 20 puntos y hasta 18 casos a una distan- cia de diez puntos con relación al caso peor evaluado (Estado de México, 80,06). De esta forma, para comprender la problemática de impunidad nacional y destacar la existencia de problemáticas muy se- mejantes, retomamos la clasificación de grupos de impunidad desarrollada en el IGI-MEX 2016. Siguiendo este criterio, los resultados del IGI-MEX 2017 se clasifican en cinco grupos de impunidad de acuerdo a nuestra escala de impunidad: 1) Impunidad baja, en donde se ubica Campeche como el único estado con niveles de impunidad por debajo de cincuenta puntos; 2) impunidad media o equivalente hasta 60 puntos de impunidad, situación en la que se encuentra únicamente la Ciudad de México; 3) impunidad alta, donde se encuentran doce entidades con hasta setenta puntos; 4) impunidad muy alta, que incluye 16 casos con impunidad superior a los 70 puntos; 5) casos atípicos o aquellos estados en donde los patrones de violencia y delincuencia organizada o bien ante inconsistencia en la información reportada por las autoridades, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado en los últimos años. En esta situación se encuentran Michoacán y Nayarit.


[1] Por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008. El SNIGSPIJ fue creado en diciembre de 2008 medi- ante Acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI y como propuesta del Consejo Consultivo, tal como se establece en el artículo 15, fracción III de la Ley del SNIEG.

[2] Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/

[3] Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/

[4] El valor de las variables se reporta en la sección correspondiente para cada entidad federativa.

[5] Adicionalmente, se hizo un ejercicio previo de estimación del índice con base en las variables del IGI (2015) y se detectaron inconsistencias teóricas e incongruencias con la realidad en los estados.

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