El sistema jurídico mexicano se ha catalogado como progresista en cuestiones relacionadas con los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, México es el segundo país de LatAm con mayor porcentaje de crímenes de odio en contra de dicha población, crímenes que no son visibilizados dentro del sistema mexicano debido al contexto sociocultural, religioso, y el campo político.

En tiempo de procesos electorales, debemos recordar que lo expuesto por los actores políticos puede propiciar acciones discriminatorias por la existencia de un falso sentido de inclusión. De acuerdo con cifras del INEGI, el porcentaje de población en México que se autoidentifica como LGBTQ+ va en aumento, por lo cual es necesario asegurarnos que los candidatos atiendan las demandas de este sector, y asuman la responsabilidad de proteger sus derechos fundamentales y su dignidad humana. Por otro lado, dentro de las candidaturas también se encuentran miembros de la comunidad LGBTQ+, los cuales a menudo son objeto de discriminación, intimidación, y violencia política.

A pesar de avances importantes en visibilizar a esta comunidad en los últimos años, queda mucho camino por recorrer.  Los candidatos no deben olvidar que la comunidad LGBTQ+ ya no se quedará en silencio y no permitirá que se propaguen los discursos de odio que alimentan estos actos criminales. El odio, la discriminación, y la intolerancia hacia la comunidad LGBTQ+ con la que se ha guiado este país a lo largo de su historia se ve reflejado en la disonancia entre el marco jurídico y la realidad. En un México y en un mundo en pleno apogeo de cambios sociales, tecnológicos, y geopolíticos, es hora de que todos los partidos y todos los actores políticos se sumen a la causa de justicia y derechos sustantivos para un segmento significativo de la población.