El diseño de las políticas económicas tiene por objetivo mejor el bienestar de la sociedad. Sin embargo, una vez implementadas, algunas de estas políticas producen efectos que sus arquitectos no pretendían, inclusive puede llegar a generar las desigualdades que buscaban eliminar, por ejemplo, aquellas políticas que sirven para controlar directamente los precios. Usualmente, los controles de precios se decretan cuando el gobierno considera que el precio de mercado de un bien o servicio es injusto para los compradores o para los vendedores.

Los controles de precios afectan los resultados de los mercados donde se implementan, ya sea que se establezca un Precio Máximo (precio máximo legal al que puede ser vendido un bien) o un Precio Mínimo (precio mínimo legal al que puede ser vendido un bien), en cualquiera de los 2 casos el precio controlado será distinto al Precio de Equilibrio (precio en el que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada) debido a que estarán impedidas las fuerzas de la oferta y la demanda.

Comencemos con la problemática de las políticas de los Precios Máximos (o Precios Tope). Cuando el gobierno impone un Precio Máximo en un mercado competitivo, si el precio de equilibrio está por debajo del precio máximo, entonces esa política no tendrá efecto alguno en ese mercado, ya que el precio actual está por debajo del precio tope. Sin embargo, si el precio de equilibrio está por encima del precio tope, el bien se volverá escaso y los vendedores deberán racionarlo entre un gran número de compradores potenciales.

El mecanismo de racionar es ineficiente e injusto, generará largas filas de espera entre los consumidores y posible discriminación por parte de los vendedores, ya que éstos no podrán vender el bien a quien más lo valora (precio de equilibrio basado en la oferta y la demanda) sino que lo venderán a quien ellos prefieran. Los vendedores podrán preferir vender este bien a sus amigos, familiares o incluso a quien esté dispuesto a darle una cantidad de dinero adicional “por debajo de la mesa”, generándose así un potencial mercado negro para ese bien.

Por otra parte, en la problemática de las políticas de Precios Mínimos (precio mínimo legal al que puede ser vendido un bien), existen dos escenarios posibles frente al decreto de un Precio Mínimo para un bien o servicio. En el primero, si el Precio de Equilibrio está por encima del Precio Mínimo establecido, entonces esta política no tendrá efecto en el mercado. Pero en el segundo escenario, si el Precio de Equilibrio está por debajo del Precio Mínimo habrá un excedente de dicho bien, es decir, la cantidad ofrecida será superior a la cantidad demandada.

Un ejemplo importante de esta política es el Salario Mínimo, que dicta el precio más bajo del trabajo que un empleador debe pagar. El mercado laboral, al igual que todos los mercados, está sujeto a las fuerzas de la oferta y la demanda, los trabajadores determinan la oferta laboral (su fuerza de trabajo) y las empresas la demanda laboral (los trabajadores que requieren). Si el gobierno no interviene, el salario se ajustará para igualar la oferta y la demanda laboral (salario de equilibrio).

Los gobiernos decretan salarios mínimos con el fin de asegurar que los trabajadores puedan tener un mínimo estándar de vida, pero el resultado es el Desempleo (exceso de oferta laboral). Entonces, el salario mínimo eleva los salarios y el nivel de vida de los trabajadores que poseen un empleo pero reduce el número de trabajadores que demandan las empresas (si el empresario debe pagar mayores salarios, entonces demandará menor fuerza de trabajo).

El salario mínimo es un tema de fuertes debates entre los economistas, tanto defensores como detractores tienen sólidos argumentos para defender su postura. El punto a destacar es el papel del Estado en los diferentes mercados, que es el de hacer valer los derechos de propiedad de los agentes económicos, así como evitar (en la medida de lo posible) interferir en la determinación de los precios y dejar que las libres fuerzas de la oferta y la demanda determinen los precios de los bienes y servicios.